La Agencia de Administración de Bienes del Estado otorgó un plazo de diez días para que treinta familias abandonen las viviendas que ocupan hace dos décadas. La medida forma parte del plan oficial para privatizar las unidades hoteleras mediante concesiones por treinta años.
El futuro de la Unidad Turística de Chapadmalal ingresó en una etapa de conflicto directo tras las notificaciones de desalojo entregadas a los empleados encargados del mantenimiento del predio. Esta acción administrativa responde a la decisión del Ejecutivo central de transferir la gestión de los históricos hoteles al sector privado, buscando reducir el gasto estatal y atraer inversiones que modernicen las instalaciones icónicas del turismo social bonaerense.
La disposición oficial alcanza a familias que residen en los pabellones desde hace veinte años, quienes ahora enfrentan un ultimátum de desalojo. A pesar de los pedidos de explicaciones enviados a Jefatura de Gabinete, los trabajadores aún no recibieron respuestas formales.
Desde el Gobierno argumentan que la gestión hotelera no forma parte de las competencias básicas del Estado nacional. Consideran que la participación pública en este rubro genera una competencia desleal con los privados y que el complejo requiere una transformación estructural profunda.
Diversos sectores políticos locales apoyaron la iniciativa, proyectando que la privatización convertirá los hoteles abandonados en polos de inversión regional. No obstante, legisladores radicales proponen que una de las unidades sea cedida a la Universidad Nacional de Mar del Plata.
La privatización de este símbolo histórico marca un punto de inflexión en la administración del patrimonio público costero. Mientras la Agencia de Administración de Bienes del Estado avanza con los trámites legales, la incertidumbre crece entre las familias afectadas, quienes aguardan una resolución que contemple su situación habitacional frente al inminente cambio de gestión.
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