Tras calificarlo como «persona non grata», el Gobierno nacional le otorgó un plazo de 48 horas al encargado de negocios, Mohsen Soltani Tehrani, para retirarse del territorio.
La administración central, bajo la dirección del canciller Pablo Quirno, formalizó este jueves la expulsión del máximo representante de la embajada iraní en Buenos Aires. La medida drástica surge como respuesta directa a los recientes ataques verbales de Teherán y la falta de colaboración histórica en causas judiciales sensibles para el país.
La decisión del Palacio San Martín se fundamenta en un fuerte rechazo a las declaraciones emitidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica. Desde el Gobierno argentino consideraron que los comunicados provenientes de Medio Oriente contenían «agravios improcedentes» y una intromisión directa en la soberanía nacional, luego de que Argentina catalogara a la Guardia Revolucionaria como un grupo terrorista.
Además de los roces diplomáticos actuales, la resolución oficial remarcó el persistente bloqueo de Irán hacia la Justicia argentina respecto al ataque contra la AMIA. El comunicado destaca que el país no aceptará cuestionamientos de una nación que protege a individuos requeridos por tribunales locales y que desoye sistemáticamente las alertas internacionales de captura.
El Ministerio de Relaciones Exteriores concluyó que Argentina mantendrá su postura firme en la batalla global contra el terrorismo, garantizando que no se permitirán nuevas interferencias externas en las decisiones jurídicas del Estado nacional.
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