El tribunal del Consejo de la Magistratura removió al magistrado marplatense luego de comprobar faltas éticas reiteradas en sus comunicaciones públicas. Durante las sesiones del jury las autoridades judiciales ratificaron que el accionar del letrado afectó la imparcialidad inherente a su cargo.
Las publicaciones agraviantes realizadas en plataformas virtuales motivaron el inicio del proceso disciplinario impulsado por las autoridades nacionales. Diversos integrantes del jurado remarcaron que el ejercicio de la magistratura exige mantener el decoro institucional frente a toda la sociedad.
El funcionario destituido denunció una persecución en su contra y argumentó el uso de la libertad de expresión para defender su postura. Múltiples miembros del consejo desestimaron los planteos presentados al considerar que sus manifestaciones violentaron los derechos fundamentales de la comunidad.
La resolución definitiva impidió la tramitación de la renuncia previa presentada ante las autoridades del Poder Ejecutivo nacional. Múltiples referentes del fuero consideraron que el fallo sienta un precedente central respecto al comportamiento digital de los funcionarios públicos.
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