Incentivos fiscales bajo la lupa: exigen precisiones sobre la implementación del «RIGI local»

A dos meses de su aprobación, el esquema de beneficios impositivos para grandes inversiones carece de reglamentación clara. La oposición reclama detalles sobre los requisitos, beneficiarios y el impacto en la recaudación.

La falta de certezas respecto al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones municipal ha generado una creciente inquietud en el Concejo Deliberante. Tras la delegación de facultades al Ejecutivo para reducir hasta un 50% la Tasa de Seguridad e Higiene, diversos bloques advierten por la ausencia de normativas específicas que garanticen la transparencia y la equidad en el otorgamiento de estos alivios fiscales.

El eje del conflicto radica en la indeterminación de las condiciones necesarias para que las empresas accedan a los descuentos tributarios proyectados para los ejercicios 2025 y 2026. Al no existir una reglamentación publicada, se desconoce qué tipo de desembolsos serán considerados como inversión válida, lo que alimenta sospechas sobre la discrecionalidad en la aplicación de la norma vigente.

Desde los sectores críticos sostienen que la demora en la puesta en marcha de este sistema impide evaluar su efectividad real para la economía del partido. El pedido de informes recientemente presentado busca transparentar si ya existen solicitudes en trámite o beneficios otorgados, además de identificar qué áreas de la administración comunal están interviniendo en la definición de estos parámetros.

Asimismo, existe una marcada preocupación por el posible carácter regresivo de la medida, ya que el alivio fiscal podría concentrarse en grandes firmas con capacidad de capitalización previa. Esto colocaría en una situación de desventaja competitiva a los pequeños comerciantes y pymes de General Pueyrredon, quienes actualmente soportan la carga impositiva completa sin acceso a programas de fomento similares.

Por último, la iniciativa legislativa apunta a conocer el impacto fiscal que estas reducciones tendrían sobre el erario público en un contexto de retracción económica. La demanda de «reglas claras» se fundamenta en la necesidad de evitar que el fomento de capitales externos termine desfinanciando servicios esenciales o profundizando las asimetrías entre los distintos actores del entramado productivo marplatense.

La resolución de estos interrogantes resulta fundamental para dotar de seguridad jurídica a potenciales inversores y asegurar que las políticas de incentivo se traduzcan en un crecimiento equitativo para todo el sector comercial local.