Un subsidio otorgado por el Poder Ejecutivo bonaerense permitirá solventar las tareas de prospección e identificación arqueológica. Las acciones procuran localizar indicios biológicos de ciudadanos secuestrados durante los periodos de interrupción democrática en el territorio provincial.
El plan de intervención institucional abarcará los predios comunales administrados por el municipio de General Pueyrredon. Las autoridades ministeriales ratificaron el compromiso presupuestario para costear las complejas etapas periciales que demandarán estos relevamientos de campo.
Los profesionales del prestigioso equipo de antropología suscribieron el acuerdo formalizado a través de los decretos oficiales vigentes. Las actividades científicas se focalizarán en delimitar cuadrantes específicos dentro de los cementerios locales, donde los registros históricos presumen la existencia de sepulturas clandestinas sin identificar.
La cartera de Justicia bonaerense coordinará el andamiaje logístico y financiero destinado al análisis de las muestras extraídas. Los especialistas utilizarán metodologías avanzadas de genética y medicina legal para cotejar los perfiles con el banco nacional de datos genéticos de familiares.
Las excavaciones sistemáticas comenzarán de manera coordinada tras finalizar las etapas previas de relevamiento documental y catastral. Los organismos defensores consideran este aporte estatal un paso indispensable para consolidar el derecho a la verdad histórica.
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