A través de un adelanto de coparticipación de 400.000 millones de pesos, la gestión de Javier Milei intenta aceitar el vínculo con los gobernadores para asegurar la aprobación de reformas clave esta semana.
La Casa Rosada puso en marcha un ambicioso plan de auxilio financiero destinado a 12 jurisdicciones con el objetivo de recuperar la iniciativa política en el Parlamento. Tras un mes de marzo con escasa actividad legislativa, el Poder Ejecutivo firmó un decreto que se publicará el próximo lunes, mediante el cual se giran recursos anticipados a distritos aliados y opositores, buscando garantizar los votos necesarios para proyectos de alto impacto.
La urgencia del oficialismo radica en desplazar la atención mediática hacia una agenda propositiva que incluya el tratamiento de la Ley de Glaciares y el denominado proyecto Hojarasca. En la Cámara de Diputados, los referentes libertarios ya planean sesionar el miércoles 8, confiando en que el apoyo de las provincias mineras será determinante. La modificación de la normativa ambiental permitiría expandir la explotación de minerales en zonas periglaciares, un punto que genera fuerte resistencia en sectores de la oposición pero que cuenta con el visto bueno de varios mandatarios provinciales.
El reparto de fondos, gestionado bajo la supervisión de los ministros Diego Santilli y Luis Caputo, alcanza a provincias como Mendoza, Salta y Tucumán, pero curiosamente también incluye a distritos con perfiles críticos como La Rioja y Tierra del Fuego. Desde el entorno presidencial consideran que esta «ventana de oportunidad» para las reformas se extiende hasta agosto, por lo que resulta vital mantener una relación fiscal ordenada que fije límites a los pedidos mensuales de asistencia financiera.
Con este movimiento, el Gobierno nacional apuesta a demostrar dinamismo y capacidad de negociación, intentando que el 2026 recupere el ritmo reformista que el presidente Milei prometió al inicio de su gestión.
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