En el Concejo Deliberante comenzó el debate por el aumento de siniestros fatales en Mar del Plata. Critican la falta de estadísticas oficiales y la carencia de insumos básicos para controles.
La Comisión de Movilidad Urbana inició el tratamiento de un proyecto de ordenanza que busca establecer la emergencia vial en el partido de General Pueyrredon por el término de un año. La iniciativa, motivada por un incremento en la mortalidad por accidentes de tránsito, puso el foco en la parálisis del Observatorio Vial y en la falta de presupuesto destinado a infraestructura y operativos de prevención en las calles.
Durante la jornada legislativa, diversos ediles expusieron cifras que indican casi una treintena de fallecimientos en lo que va del año. Se denunció que el área de Tránsito atraviesa una crisis operativa severa, con trabajadores que reclaman inversión mínima y la existencia de un solo alcoholímetro para toda la ciudad. Según la oposición, esta carencia de recursos impide realizar controles efectivos de alcoholemia de forma autónoma.
Otro punto de fuerte cuestionamiento fue la interrupción de la recolección de datos estadísticos por parte del Municipio. La desarticulación del Observatorio Vial, que anteriormente permitía diseñar políticas públicas basadas en evidencia, fue calificada como un incumplimiento de las normativas vigentes. Los concejales advirtieron que, sin información pública transparente y actualizada, resulta imposible abordar la problemática de la siniestralidad de manera equitativa y eficiente.
El oficialismo, por su parte, optó por no dar curso inmediato al expediente hasta recibir informes detallados de las secretarías de Hacienda, Seguridad y Salud. Para los defensores de esta postura, es fundamental contar con certezas técnicas antes de formalizar la emergencia. No obstante, los impulsores de la medida sostienen que el pedido de informes es una maniobra dilatoria frente a una realidad que requiere respuestas urgentes.
Finalmente, el debate reintrodujo la controversia sobre el sistema de fotomultas y el convenio vigente con la Universidad Nacional de San Martín. Se criticó la distribución de los fondos recaudados, señalando que la mayor parte del dinero no queda en las arcas municipales. Además, denunciaron que las tareas de capacitación y prevención comprometidas por la institución educativa no se estarían cumpliendo, afectando directamente la seguridad de los vecinos.
La discusión continuará en las próximas semanas, mientras se aguarda que las dependencias municipales brinden las explicaciones requeridas para destrabar una problemática que afecta la integridad de todos los marplatenses.
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