La presentación formulada ante la Fiscalía de Delitos Económicos por la ONG Mirada Ciudadana sumó severas acusaciones penales contra el procedimiento licitatorio. El escrito presentado por los querellantes advierte sobre serias inconsistencias en la fiscalización de los fondos de la firma adjudicataria.
El pedido judicial apunta a la posible comisión de fraude a la administración pública e incumplimiento de deberes estatales. Durante las primeras medidas probatorias la querella solicitó dar intervención urgente a la Justicia Federal marplatense tras detectar la presunta existencia de movimientos financieros incompatibles con el perfil operativo del grupo oferente.
La investigación cuestiona la confección de un pliego hecho a la medida del único grupo empresarial que se presentó a la compulsa. Diversas irregularidades en la documentación revelan fallas sistemáticas en la verificación patrimonial del inversor extranjero, como así también omisiones en los informes de infraestructura técnica sobre la tribuna techada clausurada.
El expediente señala una responsabilidad directa de las máximas autoridades ejecutivas comunales y de los directivos de las áreas de deportes y hacienda. Múltiples presentaciones en los tribunales coinciden en señalar que el proceso careció del debate legislativo correspondiente, afectando severamente el patrimonio inmobiliario público de Mar del Plata.

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