El Ministerio de Seguridad avanza firme en el desmantelamiento de la prestadora médica compartida para implementar un esquema prestacional exclusivo. Esta profunda reestructuración del sistema prestacional busca trasladar los compromisos financieros acumulados al Tesoro nacional mientras se consolidan los convenios privados para el personal.
Las autoridades ministeriales afirman que el pasivo financiero constituye un compromiso interno del propio Estado que no debe recaer en los uniformados. Durante este complejo proceso de transición la vieja obra social funcionará únicamente de manera residual para garantizar atenciones médicas de extrema urgencia e intervenciones complejas.
El nuevo dispositivo sanitario opera a través de una conocida prepaga alcanzando a más de ciento noventa mil agentes de Prefectura y Gendarmería. Asimismo, los funcionarios de la cartera planean incorporar progresivamente a la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal a esta cobertura.
La iniciativa incluye además mejoras edilicias en establecimientos asistenciales propios como el Hospital Churruca para reforzar la capacidad operativa de atención. Las autoridades del Gobierno nacional definirán en los próximos meses los mecanismos definitivos para sanear las cuentas deudas mientras completa la independencia de cada fuerza.
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