Tras el fallo de Casación que descartó la figura de femicidio, el tribunal marplatense estableció la pena definitiva por abuso sexual agravado y narcotráfico. La familia de la víctima apelará la resolución.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata determinó que Matías Farías deberá cumplir una sanción unificada de 23 años de cárcel. Esta decisión surge luego de que instancias superiores modificaran la calificación legal del caso, reemplazando la prisión perpetua por una condena centrada en el abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes, sumada a una sentencia previa por comercialización de drogas.
Los magistrados Federico Cecchi, Paula Soulé y Fabián Riquert centraron la última etapa del proceso en la ponderación de agravantes y atenuantes para recalcular el monto de la pena. Durante las audiencias, se escucharon los testimonios de los progenitores de la adolescente fallecida en 2016, mientras que el imputado participó de la instancia judicial de manera remota mediante videoconferencia desde su lugar de detención.
La resolución actual representa un nuevo giro en un expediente que ha transitado por múltiples instancias y controversias desde el inicio de la investigación. El fallo de la Cámara de Casación, que anuló la perpetua dictada en 2023, obligó a los jueces actuales a limitar su veredicto al delito de abuso, generando un profundo malestar en el entorno familiar de la víctima, que reclama justicia integral.
El letrado que representa a los padres de la joven, Juan Pablo Gallego, confirmó que elevarán un recurso ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El objetivo de la querella es revertir la exclusión de la figura de femicidio, argumentando que el contexto de los hechos ocurridos en la vivienda de la calle Racedo debe ser encuadrado bajo una perspectiva de violencia de género extrema.
El historial judicial del caso registra una sentencia inicial en 2018 que solo castigó el tráfico de drogas, seguida de un segundo juicio que escaló la condena tras fuertes cuestionamientos sociales e institucionales. Actualmente, con la unificación de las causas, se cierra una etapa técnica del proceso, aunque la batalla legal continuará en las máximas instancias provinciales para definir la calificación final del crimen.
La sentencia fija un precedente en la compleja trama judicial marplatense, mientras la comunidad y las organizaciones sociales mantienen su atención puesta en los próximos pasos que darán los tribunales superiores de la provincia.
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