Siete personas fueron imputadas por conformar una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y robos violentos. Los cabecillas coordinaban las operaciones mediante teléfonos celulares desde las unidades penitenciarias de la región.
Para la justicia local, este caso marca un precedente en la aplicación de nuevas normativas contra el crimen organizado en Mar del Plata. Tras una serie de allanamientos masivos, se logró desmantelar una estructura jerárquica que, a pesar de tener a sus líderes tras las rejas, lograba controlar el comercio de drogas y armas en diversos barrios.
La investigación, iniciada por la Oficina de Narcocriminalidad, reveló que una pareja detenida en las Unidades Penales 44 y 50 dirigía las maniobras delictivas. Mediante el uso de dispositivos móviles no autorizados, coordinaban la distribución de estupefacientes y planificaban asaltos violentos, delegando funciones específicas a integrantes que operaban en libertad.
Durante los 23 operativos realizados en abril, las fuerzas de seguridad incautaron un arsenal que incluía armas largas semiautomáticas, vehículos robados y una gran cantidad de dosis de cocaína. Estos hallazgos confirmaron que la banda financiaba su logística a través de un circuito de lavado de activos y movimientos bancarios destinados al abastecimiento.
A los acusados se les aplicó la figura de «organización criminal» bajo la reciente Ley Antimafia, agravando su situación procesal frente a delitos de narcotráfico y tenencia de armas de guerra. El magistrado interviniente convalidó la prisión preventiva, destacando la peligrosidad de esta red que utilizaba vínculos familiares para asegurar su hermetismo.
Como medida preventiva, el juzgado ordenó restringir estrictamente el acceso a comunicaciones dentro de las cárceles, tras hallarse siete teléfonos en la celda del principal implicado. La pesquisa continuará durante los próximos meses para determinar el alcance total de las operaciones financieras y las posibles conexiones con otros hechos de violencia urbana.
La desarticulación de esta banda representa un avance significativo en la lucha contra las estructuras delictivas que intentan vulnerar los controles estatales y la seguridad pública desde el interior del sistema penitenciario.

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