La medida de fuerza de ADUM se extenderá hasta el sábado 2 de mayo en reclamo por el atraso salarial. El conflicto se profundiza ante la falta de aplicación de la ley de financiamiento universitario.
Para las familias y los miles de estudiantes que concurren al complejo de Funes y las distintas facultades de la ciudad, esta semana vuelve a marcar una interrupción total de la actividad académica. Entender los motivos del reclamo es fundamental para la comunidad marplatense, ya que el desfinanciamiento pone en riesgo la continuidad del ciclo lectivo y afecta directamente el bolsillo de los trabajadores que sostienen nuestra educación pública superior.
La Agremiación Docente Universitaria Marplatense confirmó que esta es la tercera semana completa de cese de actividades desde que comenzó el conflicto. La protesta responde al incumplimiento del gobierno nacional respecto a la ley de financiamiento aprobada por el Congreso el año pasado.
El gremio denunció que el incremento unilateral del 1,7% otorgado en marzo quedó muy por debajo de la inflación mensual. Esta situación salarial genera un fuerte malestar entre los profesionales, quienes aseguran que sus ingresos pierden poder adquisitivo frente a los aumentos constantes.
Durante estos días, el complejo universitario permanecerá sin actividad en las aulas, aunque se prevé la organización de nuevas clases públicas para visibilizar la problemática. Los docentes buscan que los vecinos comprendan la gravedad de la crisis que atraviesa la institución local.
Estas jornadas de protesta funcionan como la antesala de la cuarta marcha federal universitaria programada para el 12 de mayo. En Mar del Plata se espera una movilización masiva que unirá a diferentes sectores sociales en defensa de la universidad pública y gratuita.
El plan de lucha cuenta con el respaldo de confederaciones nacionales que exigen el llamado urgente a paritarias libres. Mientras tanto, la justicia ya emitió órdenes para aplicar los fondos correspondientes, pero la administración central aún no ha regularizado las partidas presupuestarias necesarias.
La comunidad educativa local permanece en estado de alerta permanente a la espera de una convocatoria oficial que permita destrabar un conflicto que ya suma más de quince días de inactividad total.
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