Una mujer de 61 años fue imputada tras un allanamiento donde la policía incautó escopetas y un revólver sin documentación. El procedimiento fue ordenado por un Juzgado de Familia en el marco de una causa por determinación de capacidad jurídica.
Para el vecino que vive o transita por las calles del barrio Las Avenidas, este despliegue policial en las inmediaciones de la jurisdicción de la Comisaría Tercera genera una respuesta directa sobre la presencia de armas sin registrar en el corazón de la zona residencial. Es una noticia de utilidad para la comunidad, ya que el retiro de circulación de armamento y más de 300 municiones sin respaldo legal contribuye a la prevención de riesgos en un sector de constante movimiento vecinal.
El operativo fue coordinado por efectivos de la Jefatura Departamental y el Grupo Táctico Operativo en un domicilio particular. Durante la inspección, los uniformados encontraron dos escopetas de marcas reconocidas, un revólver y una gran cantidad de cartuchos de diversos calibres que no contaban con los papeles exigidos por la ley para su tenencia.
La moradora de la vivienda, una mujer de 61 años, fue identificada en el lugar mientras se desarrollaba el inventario del material bélico. Aunque las armas no presentaban pedidos de secuestro previos por otros delitos, el hecho de no tener la autorización de portación derivó en la intervención inmediata de la justicia penal local.
La orden para ingresar al inmueble provino del Juzgado de Familia N° 1, a cargo de la jueza Mariana Villar, bajo un expediente específico sobre la capacidad jurídica de la implicada. Sin embargo, ante el hallazgo del armamento, tomó intervención la fiscal Florencia Salas de la UFI N° 1 para iniciar las actuaciones correspondientes.
La fiscalía dispuso la formación de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, aunque no se tomaron medidas de detención contra la vecina involucrada. Las armas y el parque de municiones quedaron bajo custodia judicial mientras se avanza con los peritajes técnicos y las actuaciones administrativas que motivaron el allanamiento original.
El armamento permanecerá secuestrado en dependencias policiales a la espera de las resoluciones que determine el juzgado interviniente sobre el destino final de las piezas incautadas.
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