Preocupación en la zona de Juan B. Justo: tres menores bajo la lupa por las amenazas en el Colegio del Camino

La justicia intervino tras el hallazgo de escritos intimidatorios en los baños del establecimiento. Tres menores de edad quedaron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil tras confirmarse su participación en el hecho que movilizó a toda la comunidad educativa.

Las familias que cada mañana dejan a sus hijos en el sector de la avenida Juan B. Justo vivieron horas de profunda incertidumbre ante la posibilidad de un ataque violento dentro de la institución. Es vital estar informados sobre el avance de esta causa porque la activación de protocolos de seguridad y la identificación de los responsables traen tranquilidad a un barrio que se vio sacudido por amenazas que, aunque resultaron ser falsas alarmas, demandaron la intervención urgente de la policía y la justicia.

El conflicto se originó cuando las autoridades del colegio detectaron una inscripción en el baño que advertía sobre una matanza inminente. A pesar de que la fecha mencionada en el mensaje no coincidía con el calendario actual, el equipo directivo procedió a denunciar el hecho de inmediato para resguardar la integridad de los estudiantes y el personal docente.

Mediante el análisis de las cámaras de seguridad internas y el relevamiento de testimonios en las aulas, la justicia logró señalar a tres jóvenes de 16 y 17 años. Tras una instancia de mediación, uno de los menores admitió su responsabilidad y manifestó arrepentimiento, mientras que la fiscalía ordenó el secuestro de los teléfonos celulares para descartar la participación de terceros.

Este episodio no es el primero que ocurre en la sede educativa ubicada en la zona de Juan B. Justo y República del Líbano. Semanas atrás, en el nivel primario, se había registrado un grafiti de tenor similar que obligó a las autoridades a realizar reuniones informativas con los padres para calmar los ánimos y explicar las medidas de prevención vigentes.

El fiscal Walter Martínez Soto, titular de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N°3, imputó a los implicados por el delito de intimidación pública. Mientras la investigación avanza, la comunidad educativa busca retomar el ritmo habitual de clases, reforzando el diálogo con los adolescentes sobre las graves consecuencias legales que conllevan este tipo de actos en el ámbito escolar marplatense.

Los dispositivos móviles incautados serán peritados en los próximos días para determinar si las amenazas fueron coordinadas a través de redes sociales o si se trató de un hecho aislado de conducta juvenil.