La familia de la joven presentó una solicitud formal ante las autoridades legislativas locales a diez años del trágico hecho. El pedido busca el repudio público hacia uno de los involucrados en la causa que conmovió al país, exigiendo la ratificación de las máximas sanciones judiciales para todos los responsables de la agresión.
Los allegados a la víctima expresaron su indignación ante el reencuadre jurídico del caso que derivó en la reducción de las penas originales. La querella exige el cumplimiento efectivo del encarcelamiento y cuestionó duramente las decisiones de los tribunales de alzada que modificaron la carátula inicial de femicidio durante los últimos procesos.
En su presentación ante el cuerpo deliberativo, la madre del entorno familiar denunció el riesgo social que representan las actividades vinculadas al narcomenudeo en cercanías de establecimientos educativos. La exigencia pretende generar conciencia comunitaria sobre el impacto de las drogas y el accionar de quienes comercializan sustancias ilegales a menores de edad.
Por otra parte, la acusación mantiene el reclamo histórico para que la Justicia confirme de manera definitiva la tipificación de femicidio en las sentencias de los principales acusados. El colectivo demanda respuestas institucionales firmes para evitar la impunidad y garantizar el acceso pleno a la verdad tras una década de litigio procesal.
A días de conmemorarse el décimo aniversario de la muerte de la adolescente, el reclamo de los familiares mantiene su vigencia en la agenda pública de la ciudad. Las organizaciones aguardan una pronta resolución por parte de los ediles locales para visibilizar el repudio generalizado frente a la violencia ejercida contra la joven.
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