Activistas ambientales denunciaron penalmente a los dueños del complejo de Mar del Plata tras advertir intenciones de comercializar a los ejemplares protegidos, exigiendo su evaluación sanitaria para una eventual reinserción.
El cierre del tradicional predio marplatense reabrió la polémica en torno al destino de la fauna silvestre que permanece en las instalaciones, generando un fuerte rechazo frente a cualquier intento de traslado a nuevos cautiverios o venta comercial.
La controversia legal escaló luego de que Juan Antonio Lorenzani, integrante del Observatorio Ciudadano GEO Naturaleza, radicara una denuncia formal ante la Fiscalía en abril, cuyo expediente continúa su curso. El activista advirtió que la comercialización de estos ejemplares vulnera de forma directa la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna, la cual prohíbe tajantemente la tenencia y venta de especies autóctonas protegidas por normativas provinciales y municipales.
Ante este panorama, desde las agrupaciones ambientalistas exigen que los animales ingresados con fines de rescate pasen por una rigurosa evaluación profesional para determinar si pueden regresar al mar, considerado «el único destino ético». Como antecedente, recordaron el exitoso caso del Tortugo Jorge, demostrando que una gestión cuidadosa permite el retorno de la fauna a su hábitat natural.
De este modo, el reclamo apunta a frenar los negocios privados con animales silvestres y reclama una intervención firme del Estado para garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales.
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