El conflicto por las obras inconclusas en el paseo peatonal ingresó en un terreno judicial complejo. La firma constructora presentó una demanda administrativa cuestionando el accionar del gobierno local y exigiendo retribuciones económicas tras la abrupta paralización de los trabajos en la zona comercial.
Las imputaciones legales apuntan a severas demoras en la liquidación de certificados y falta de transferencias provinciales. Durante las presentaciones ante el juzgado la contratista denunció decisiones desacertadas por parte de las autoridades municipales que impidieron el normal desarrollo de los compromisos asumidos.
Por su parte, el Ejecutivo comunal rescindió la concesión solicitando la restitución inmediata del dinero no ejecutado. Asimismo, los representantes de la empresa rechazaron las multas interpuestas por los funcionarios e insistieron en reclamar resarcimientos por los gastos improductivos y el lucro cesante del contrato.
El diferendo continuará tramitándose en el fuero contencioso administrativo durante los próximos meses sin certezas sobre la reactivación del paseo. Las resoluciones que adopte la justicia resultarán clave para definir las responsabilidades financieras y determinar el destino de la infraestructura de la ciudad.
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