La agresión física contra ancianas residentes por parte de un exempleado derivó en una causa penal y desató fuertes repudios. El repudio de las trabajadoras de la salud puso la mirada en las fallas de contratación en el sector.
Representantes sindicales advirtieron sobre la falta de controles estrictos en la selección del personal que cuida adultos mayores. Las referentes de cuidadores profesionales denunciaron que las autoridades del establecimiento tenían conocimiento previo de irregularidades e inconsistencias operativas.
El hecho se descubrió tras la exposición policial presentada por la responsable del lugar al constatar agresiones mediante cámaras internas. Por su parte la justicia analiza las filmaciones mientras la policía busca al acusado, quien fue despedido e intentó ser linchado.
Vecinos y allegados se concentraron frente a la vivienda del agresor para reclamar respuestas inmediatas tras confirmarse el despido. De esta forma las denuncias judiciales suman nuevos testimonios sobre falencias en la atención brindada a las personas asistidas.
La gravedad del caso reactiva el reclamo por fiscalizaciones constantes sobre las residencias para adultos mayores en la región. El seguimiento de los familiares resulta fundamental para prevenir situaciones de violencia e impunidad dentro de estos establecimientos.
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