Las organizaciones portuarias marplatenses iniciaron acciones legales debido a un nuevo sistema de asignación de permisos que consideran perjudicial para la actividad local. La presentación judicial en los tribunales locales busca suspender la incorporación de buques poteros de calamar.
La medida cautelar busca proteger el empleo en las terminales y muelles de la ciudad frente a normativas nacionales perjudiciales. Los trabajadores del sector pesquero sostienen que el actual sistema evaluativo otorga beneficios excesivos a las provincias patagónicas, relegando de manera arbitraria a las empresas y embarcaciones radicadas en General Pueyrredon.
El documento legal detalla que el esquema de puntuación castiga la descarga de mercadería en los espigones locales con el puntaje más bajo del país. Los dirigentes de las cooperativas advierten que esta situación encarece los costos logísticos y debilita la competitividad de las plantas procesadoras de pescado locales.
La resolución del conflicto determinará el futuro inmediato de las inversiones industriales en las barriadas del puerto. Las autoridades de la comuna fueron convocadas a participar del expediente debido al fuerte impacto socioeconómico que el freno de las licencias podría generar en el comercio vecinal marplatense.
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