La Justicia Federal penalizó a los siete integrantes de la organización criminal dedicada a la distribución de estupefacientes en la ciudad. El magistrado interviniente ordenó duras restricciones financieras y patrimoniales tras avalar las imputaciones presentadas por el Ministerio Público.
El millonario decomiso de cargamentos de cocaína compactada con sellos particulares y diversas sustancias de diseño determinó el encierro preventivo de los sospechosos, quienes siguieron los pormenores de la trascendental audiencia mediante videoconferencia.
La desarticulación de la banda delictiva se logró luego de un exhaustivo seguimiento satelital que conectó el Gran Buenos Aires con los diferentes eslabones distribuidos en los barrios de la Costa Atlántica. Las fuerzas federales desplegaron múltiples allanamientos simultáneos que permitieron recolectar un arsenal de estupefacientes, divisas extranjeras e instrumental de fraccionamiento, confirmando la hipótesis fiscal sobre la existencia de una red estructurada de lavado de activos y tráfico a gran escala.
Las penas de restricción de la libertad ambulatoria fijadas por el tribunal contemplan plazos diferenciados de reclusión según las responsabilidades individuales de los acusados en la asociación ilícita. Las medidas cautelares de carácter económico abarcan la inhibición general de las propiedades identificadas y el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias, impidiendo que el grupo disponga del capital financiero presuntamente obtenido mediante los circuitos comerciales clandestinos de la región.
La investigación criminal continuará analizando las ramificaciones locales y los viajes internacionales registrados por los principales investigados hacia zonas fronterizas del norte del país. La resolución dictada sienta un fuerte precedente institucional en el combate contra las bandas dedicadas al abastecimiento mayorista del mercado de sustancias.

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