n un operativo conjunto entre la Policía Ecológica e Inspección General, se inhabilitó el establecimiento ubicado a metros de un jardín de infantes. Los residentes denuncian que los desechos industriales afectan las napas de agua y arruinan las calles del barrio.
Una serie de reclamos vecinales por daños ambientales en el barrio Las Dos Marías derivó esta semana en la clausura efectiva de una empresa procesadora de aceite. La intervención oficial, que contó con el respaldo de fuerzas especializadas en delitos ecológicos, respondió a la detección de fluidos industriales arrojados directamente a la vía pública, una práctica que según los habitantes de la zona se ha vuelto una problemática constante frente a un centro educativo de nivel inicial.
La investigación, que ahora se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía N°11 de Delitos Culposos y Ambientales, se inició tras meses de quejas por las emanaciones líquidas provenientes de la firma instalada en Ángel Vargas al 9900. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, los desperdicios grasos han provocado la impermeabilización del terreno, transformando las arterias de tierra en pantanos de aceite que impiden el drenaje natural de la lluvia y dificultan el tránsito de los frentistas.
La preocupación sanitaria es máxima debido a la estructura de servicios del sector. Muchos hogares de Las Dos Marías carecen de conexión a la red de agua corriente y dependen de perforaciones domiciliarias para su consumo diario. Los vecinos alertaron que el filtrado de estos aceites hacia el subsuelo pone en riesgo directo la pureza de las napas, contaminando el recurso que extraen mediante bombas. Si bien ya existían antecedentes de infracciones y actas previas, la persistencia en el vertido de residuos industriales forzó a las autoridades municipales a tomar medidas drásticas sobre el predio.
El operativo busca poner fin a un foco de peligro ambiental que afectaba la calidad de vida de las familias y la salubridad de los niños que asisten al jardín lindero, mientras se evalúan las sanciones penales correspondientes para los responsables de la firma.
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